Resumen: Dictada condena en la instancia por delito de falso testimonio y delito de denuncia falsa y absuelve por delito de estafa procesal, recurren la acusación particular y la defensa. La acusación particular entiende que la pena impuesta debió tener mayor duración. La sala de instancia expone los criterios tenidos en cuenta para fijar la pena: la interposición de la denuncia falsa previamente a la declaración mendaz de la denunciante ante la Jueza de Violencia sobre la Mujer e incluso el daño que ha supuesto al honor del propio acusado, al margen de que fuera una persona condenada previamente, sin atender a otros factores que no se hallan acreditado en la causa. En cuanto al otro motivo, error en la apreciación de la prueba, se recuerda la doctrina en el caso de pronunciamientos absolutorios. Se desestima porque no se pide la nulidad con retroacción. En cuanto al recurso de la sentencia, no se aprecia error en la valoración de la prueba. Quien presenta una denuncia falsa que da lugar a la apertura de procedimiento penal y después comparece al juicio oral, declarando falsamente como testigo no hace sino progresar en la lesión o puesta en peligro de los mismos o semejantes bienes jurídicos ya iniciada, completando o agravando la intensidad del ataque, circunstancias por las cuales únicamente debe ser penado como autor de un delito de falso testimonio en causa penal contra el reo, sin perjuicio de que a la hora de individualizar la pena puede tenerse en cuenta la denuncia falsa.
Resumen: Se recurre el Auto que revocó la suspensión de la ejecución de la pena de 6 meses de prisión, por haber delinquido durante el plazo de suspensión. Alega el apelante que podría serle aplicable el apartado 2º del art. 86 CP, que permite imponer al penado nuevas prohibiciones deberes o condiciones o prorrogar el plazo de suspensión. La Audiencia estima el recurso. El penado fue condenado en esta causa, como autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar a la pena de 6 meses de Prisión, pena que le fue suspendida por plazo de dos años. Durante el plazo de suspensión cometió un delito leve de injurias y vejaciones; así como un delito de conducción con permiso no vigente por pérdida de puntos. Entiende la Sala que la comisión por el penado de un delito leve y de otro menos grave contra la seguridad vial en la modalidad de conducción sin permiso por pérdida de puntos, que atenta contra un bien jurídico sustancialmente distinto al delito cometido en la presente causa, y por el que además, le ha sido impuesta una pena no privativa de libertad, no ha hecho decaer la expectativa de rehabilitación en que se fundó la suspensión de condena inicialmente concedida. Debe por ello estarse a lo dispuesto en el art 86.2 b) CP que dispone que "Si el incumplimiento de las prohibiciones, deberes o condiciones no hubiera tenido carácter grave o reiterado, el juez o tribunal podrá prorrogar el plazo de suspensión", optando por ello por prorrogar el plazo de suspensión durante un año mas.
Resumen: Revoca parcialmente la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado como autor responsable de un delito de quebrantamiento de medida cautelar y a otro acusado como autor responsable de un delito leve de amenazas, y absuelve al primero del delito de quebrantamiento. Acusado que tiene vigente una prohibición de aproximación y comunicación con otro, con quien se encuentra en la via pública y a quien se dirige con palabras amenazantes, que contesta la persona protegida por la prohibición. Delito de quebrantamiento de medida cautelar. Elementos objetivo y subjetivo del tipo penal. El mero hecho de que acusado dirigiera varias expresiones a la persona protegida y que advirtiera al mismo que le estaba grabando con el fin de disuadirlo de sus ataques verbales, considera el tribunal que no es suficiente para dar como probada la voluntad del acusado de incumplir la resolución judicial que le prohibía comunicarse con el. Presunción de inocencia y principio "in dubio pro reo" que impone un fallo absolutorio por el delito de quebrantamiento.
Resumen: El Tribunal ad quem asume la plena jurisdicción sobre el caso de idéntica situación que el Juez a quo no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba. El principio informador del sistema probatorio que se acuña bajo la fórmula del "in dubio pro reo", es una máxima dirigida al órgano decisor para que atempere la valoración de la prueba a criterios favorables al acusado cuando su contenido arroje alguna duda sobre su virtualidad inculpatoria; presupone, por tanto, la existencia de actividad probatoria válida con signo incriminador, pero cuya consistencia ofrece resquicios que pueden ser decididos de forma favorable a la persona del acusado. El punto de discordia es la distancia de seguridad existente entre los vehículos. No se recoja en los hechos probados la ubicación de los vehículos en el centro comercial y por tanto del acusado y de su ex pareja, que es un dato de conocimiento indispensable para realizar una medición objetiva entre los dos puntos. Es más, no consta en el procedimiento diligencia alguna tendente a determinar la posición de los mismos, debiendo entenderse que la omisión de la posición de los vehículos y de la distancia existente entre los mismos obedece precisamente al no poder considerar probada dicha ubicación, en tanto no consta diligencia de instrucción practicada al efecto. Se echa en falta comprobar la medición de la distancia en línea recta.
Resumen: El acto de colaboración con la investigación señalando el lugar donde se encontraba enterrado el cadaver de la persona asesinada no se asimila a una confesión veraz y ajustada a la realidad de lo sucedido pues el confesante negó inicialmente su participación en la muerte, achacándola a los otros acusados, y admitiéndola solo en el acto del plenario. Tal colaboración puede ser valorada como atenuante analógica y simple, pero no como muy cualificada. Individualización penológica: la cantidad de la pena sólo puede ser cuestionada en vía de recurso cuando se haya recurrido a fines de la pena inadmisibles, haya tenido en consideración factores de la individualización incorrectos o haya establecido una cantidad de pena manifiestamente arbitraria o desproporcionada. Queja por vulneración de la presunción de inocencia y error de los jurados en la valoración probatoria. Se castiga por encubrimiento, en la modalidad de favorecimiento real, al acusado que ocultó el vehículo conducido por la víctima conociendo la existencia de la previa actividad delictiva exigida para la comisión de tal delito: solo se requiere que el encubridor tenga conocimiento cierto de la ilícita procedencia de los efectos, no bastando la mera sospecha, pero sin que sea tampoco exigible un conocimiento minucioso y pormenorizado de todas las circunstancias referentes al delito base.
Resumen: Revoca la sentencia del Juez Penal que condena a un acusado como autor responsable de un delito de defraudación a la Seguridad Social y dispone la libre absolución del acusado. Delito de fraude a la Seguridad Social. Elementos objetivos y subjetivos requeridos para la aparición del tipo penal. El mero hecho de impagar cuotas, de obtener devoluciones o de disfrutar de deducciones indebidas no es bastante para afirmar la tipicidad de la conducta. El tipo penal exige, además, la constatación de un ánimo tendencial de defraudación a la Administración al exigir, no solo la elusión del pago, sino también la ocultación de la realidad sujeta al gravamen. Reclamación de una deuda tributaria, por cuotas correspondientes a los trabajadores de la sociedad, que se realiza sobre la base de los datos facilitados por el propio acusado. El tribunal no encuentra evidencias que permita concluir que la defraudación a la Seguridad Social se hubiere comtido a partir de una actividad engañosa o fraudulenta por parte del obligado al ingreso de las cuotas dejadas de ingresar.
Resumen: El penado impugna el Auto que denegó el beneficio de suspensión de la pena de responsabilidad personal subsidiaria. Alega que cumple los requisitos establecidos en el art. 80 CP para el otorgamiento de la suspensión condicionada a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad ya que la pena impuesta no es superior a los dos años, no es reo habitual, infringiéndose los principios de reinserción y resocialización. La Audiencia desestima el recurso. De historial delictivo del recurrente se desprende que no se trata de delincuente primario por cuanto cuando cometió los hechos de los que dimana la presente ejecutoria ya había sido condenado por lo que no podría concedérsele la suspensión ordinaria del 80.1 CP al no concurrir la primera de las condiciones. Tampoco procede la suspensión excepcional del art 80.3 CP. Su historial revela su propensión delictiva, el nulo valor que el mismo otorga a la comisión de delitos, la inexistente eficacia disuasoria que el Derecho Penal produce sobre su persona y la inanidad de la finalidad rehabilitadora y reinsertadora de la pena sobre el mismo. En esas condiciones debe prevalecer la finalidad retributiva de la pena, sin que el recurrente pueda ni deba ser acreedor de beneficios como la suspensión de la condena, previstos para quienes tras cometer un delito deciden rehabilitarse y reinsertarse plenamente en la sociedad respetando las normas de ésta, no cometiendo nuevos delitos. También se rechaza la alegada falta de motivación.
Resumen: La doctrina constitucional determina que "si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción. La segunda instancia no puede establecer una nueva valoración probatoria ni tampoco sustituir la realizada por el juez a quo por la nueva revisión o interpretación que de la prueba practicada pretende la apelante, alegando interpretaciones que ya expuso en el plenario y que ya fueron valoradas por la juez a quo; exponiéndose con claridad y motivación lógicos los fundamentos en los que apoya su decisión de condena. Conforme al art. 792.2 LECR "La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2. No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa". El apelante no interesa la anulación de la sentencia, por lo que no es posible entrar a analizar el pretendido error.
Resumen: Confirma la sentencia del Juez Penal que condena a una acusada como autora responsable de un delito de denuncia falsa. Acusada que, consciente de su falsedad y con afán de causar un perjuicio a su ex pareja sentimental, presenta denuncia en la que le atribuye varios delitos sexuales. Denuncia ampliada que motiva una causa judicial en la que el denunciado llega a declarar como investigado. Conciencia de la falsedad de los hechos denunciados. Aportación de conversaciones mantenidas con el denunciado a través de una red social, con selección que omite aquellos pasajes que desmienten el carácter inconsentido de las relaciones sexuales mantenidas entre ambos.
Resumen: La organización y el grupo criminal tienen en común la unión o agrupación de más de dos personas y la finalidad de cometer delitos concertadamente. Pero mientras que la organización criminal requiere, además, la estabilidad o constitución por tiempo indefinido, y que se repartan las tareas o funciones de manera concertada y coordinada (necesariamente ambos requisitos conjuntamente: estabilidad y reparto de tareas), el grupo criminal puede apreciarse cuando no concurra ninguno de estos dos requisitos, o cuando concurra uno solo. De esta forma, se reserva el concepto de organización criminal para aquellos supuestos de mayor complejidad de la estructura organizativa, pues es, precisamente, la estabilidad temporal y la complejidad estructural lo que justifica una mayor sanción en atención al importante incremento en la capacidad de lesión. No puede conceptuarse como organización o grupo criminal la ideación y combinación de funciones entre varios partícipes para la comisión de un solo delito, por lo que ha de valorarse en cada caso la finalidad del grupo u organización. Delito contra la salud pública, valor de la sustancia: para el conocimiento del valor de las sustancias estupefacientes puede ser suficiente la consulta a las páginas de internet, algunas de ellas de carácter oficial, o a las comunicaciones remitidas periódicamente a los órganos judiciales por la Comisaria General de Policía Judicial.
